Pensamiento del Día, 17-5-2013

«No obstante, tras casi un siglo de fortalecimiento del Estado nacional y de la “nación”, a fines de la década de 1980 comienza a darse una institucionalización considerable de de los “derechos” de las empresas multinacionales, la desregulación de las empresas transfronterizas y el aumento del poder o de la influencia de algunas organizaciones supranacionales. [...] Resulta cada vez más evidente que la función del Estado en el proceso de desregulación implica la producción de nuevos reglamentos, leyes y medidas judiciales, es decir, la producción de toda una nueva clase de “legalidad”. 
La condición de fondo aquí es que el Estado conserva su función de garante de los derechos del capital global –la protección de los derechos contractuales y de propiedad y, en líneas generales, la legitimación de dichos derechos-.

Entonces puede concebirse al Estado como la representación de una facultad técnica administrativa que posibilita la implantación de la economía global corporativa.»

(Saskia SASSEN; La Haya, Holanda, Países Bajos, 5 de enero de 1949; Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2013. Elements for a  Sociology of Globalization –Una sociología de la globalización-, 2007.)

Vivimos tiempos en los que el poder del Estado-nación languidece  ante los poderes económicos transnacionales... Tiempos en los que, en patética deriva, el Estado-nación trata de conservar alguna función reguladora (hablando en plata, de hacerse sentir útil para esos poderes reales) olvidándose de una ciudadanía aplastada bajo el enmarañado tropel legislativo que nos convierte a todos en ignorantes  de la ley (y, en algún sentido, más que probables infractores), y dedicándose con solícito afán a proteger los derechos de propiedad y los atropellos contractuales del capital global y local...

Se autopostula así el Estado-nación actual como la instancia paradójicamente legitimadora (a través de un marco normativo desregulador de los derechos generales) de los derechos específicos (incluyendo los abusos de poder) de las grandes corporaciones que actúan en la economía global (y financiarizada).

Esos son los intereses que realmente representan (con independencia de la mejor o peor voluntad, de la mayor o menor honradez, de la más o menos clara conciencia de cada caso concreto) las castas políticas de nuestras pseudodemocracias... Lo grave, pues, de esta gran impostura democrática no son tanto las corrupciones concretas como la sumisa y tramposa deriva del propio concepto de representación popular hacia una representación corporativa. Porque, para ello, no se duda en poner las leyes básicas que regulan los derechos universales (como la Ley Orgánica para la Mejora de  la Calidad Educativa, aprobada hoy por el consejo de ministros) en la vía hacia una más eficaz estandarización del pueblo al servicio de esas mismas corporaciones... Mientras, de paso, se hacen concesiones (como la computabilidad de las calificaciones en la materia de Religión a todos los efectos) a los representantes de las viejas fuerzas vivas (como Monseñor Rouco Varela y sus boys) para que sigan colaborando en la tarea de control social sin dar demasiado la lata.

Nacho Fernández del Castro, 17 de Mayo de 2013