«1. El Sistema educativo asegurará la unidad del proceso de la
educación y facilitará la continuidad del mismo a lo largo de la vida del
hombre para satisfacer las exigencias de educación permanentemente que plantea
la sociedad moderna.
2. Su desarrollo se ajustará a los siguientes principios:
a) Los niveles, ciclos y modalidades educativas se ordenarán teniendo en cuenta las exigencias de una formación general sólida y las necesidades derivadas de la estructura del empleo.
b) El sistema educativo responderá a un criterio de unidad e interrelación. Se estructurará sobre la base de un régimen común y regímenes especiales para casos singulares y concretos, como modalidades de aquél.
c) La conexión y las interrelaciones de los distintos niveles, ciclos y modalidades de la educación permitirán el paso de uno a otro y las necesarias readaptaciones vocacionales, ofreciendo oportunidades para la reincorporación de quienes habiéndose visto obligados a interrumpir los estudios deseen reanudarlos.
d) El contenido y los métodos educativos de cada nivel se adecuará a la evolución psicobiológica de los alumnos.
3. Será establecido un sistema de revisión y actualización periódica de planes y programas de estudio que permita el perfeccionamiento y la adaptación de los mismos a las nuevas necesidades y cuya frecuencia no perjudique la debida estabilidad.
4. La orientación educativa y profesional deberá constituir un servicio continuado a lo largo de todo el sistema educativo, atenderá a la capacidad, aptitud y vocación de los alumnos y facilitará su elección consciente y responsable.»
2. Su desarrollo se ajustará a los siguientes principios:
a) Los niveles, ciclos y modalidades educativas se ordenarán teniendo en cuenta las exigencias de una formación general sólida y las necesidades derivadas de la estructura del empleo.
b) El sistema educativo responderá a un criterio de unidad e interrelación. Se estructurará sobre la base de un régimen común y regímenes especiales para casos singulares y concretos, como modalidades de aquél.
c) La conexión y las interrelaciones de los distintos niveles, ciclos y modalidades de la educación permitirán el paso de uno a otro y las necesarias readaptaciones vocacionales, ofreciendo oportunidades para la reincorporación de quienes habiéndose visto obligados a interrumpir los estudios deseen reanudarlos.
d) El contenido y los métodos educativos de cada nivel se adecuará a la evolución psicobiológica de los alumnos.
3. Será establecido un sistema de revisión y actualización periódica de planes y programas de estudio que permita el perfeccionamiento y la adaptación de los mismos a las nuevas necesidades y cuya frecuencia no perjudique la debida estabilidad.
4. La orientación educativa y profesional deberá constituir un servicio continuado a lo largo de todo el sistema educativo, atenderá a la capacidad, aptitud y vocación de los alumnos y facilitará su elección consciente y responsable.»
. (Artículo 9, en el Capítulo Primero, “Disposiciones Generales”, del Título Primero, “Sistema Educativo”, de la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa
de 4 de agosto de 1970, impulsada, como Ministro de Educación y Ciencia, 1968-1973, por José Luis VILLAR PALASÍ; Valencia,
30 de octubre de 1922 - Madrid, 7 de mayo de 2012.)
Y
es que aquel texto estival de 1970, la Ley General de Educación y Financiamiento de
la Reforma Educativa
animada por los sectores democratacristianos que colaboraron con el franquismo
pero siempre resultaron sospechosos para el núcleo duro de éste, y lanzada en
concreto por un ministro, Villar Palasí, de aliento
ilustrado y don de lenguas (se
dice que hablaba doce idiomas, incluyendo su valenciano natal y tres lenguas
chinas), no sólo fue la de nuestro Bachillerato, sino la nuestro incio en la tarea docente.
Y
esa tarea docente nunca fue tan libre, tan abierta a los afanes innovadores y el trabajo cooperativo de quienes nos dedicábamos a la enseñanza.
A la vez que el marco normativo consagraba, por vez primera, un largo periodo de aprendizajes comunes
(de seis a catorce años, la extinta Educación
General Básica), en un sistema
unitario, universal, obligatorio y gratuito, para el que los conciertos educativos con centros
privados eran todavía pura ciencia ficción.
Uno,
ya digo, analizando sus propias vivencias, tiene la sensación de que las
ilusiones de buena parte de quienes entonces desbordaban (desbordábamos)
entusiasmo emancipador, se fueron ahogando en la letal sopa de letras en la que se fue convirtiendo la política educativa en la llamada democracia...
Porque
la LODE (1985) de José María Maravall, la LOGSE
(1990) de Javier Solana, la LOPEG (1995) de
Gustavo Suárez Pertierra, la LOCE (2002) de Pilar
del Castillo y la LOE (2006) de María
Jesús San Segundo, más allá de las particularidades partidistas de cada
momento, marcan un proceso de ahondamiento constante en dos tendencias,
iniciadas ya desde las primeras leyes socialistas: la burocratización de los procesos de enseñanza-aprndizaje, por un
lado, y, por otro, la privatización sucesiva
de la educación.
La
primera se realiza mediante una creciente protocolarización
de la actividad educativa que deriva
en un desinterés total por parte de las autoridades políticas por lo que
realmente ocurre en las aulas, mientras esté convenientemente documentado según norma... Probablemente,
el fenómeno que mejor simboliza este aspecto es el del paso de los viejos y
espontáneos movimientos de renovación
pedagógica vinculados a la propia práctica en las décadas de los setenta y
los ochenta del pasado siglo, a los Centros
del Profesorado y Recursos para un funcionamiento como agencia administrativa
expendedora de certificados de formación
con cierta repercusión salarial, y, por último, a una Secretaría General de las
Consejerías de Educación correspondiente desde la que algún burócrata político
con su amplio equipo de asesores deciden tras una mesa qué es innovar y dónde y
cuándo hay que hacerlo.
La
segunda se realiza, fundamentalmente, a través de la extensión constante de los
conciertos educativos, pero, además, para
legitimarla se va configurando la red pública educativa como subsidiaria de la privada-concertada, pervirtiendo e invirtiendo el supuesto espíritu inicial de las normas al
respecto mediante un proceso de degradación,
general y específica, de lo público basado en la contención del gasto (con continuas transferencias netas a los sectores
privados) y el impulso a la consolidación
de un imaginario de lo púbico como asistencial.
Y,
¡ay de mí!, todo eso no estaba todavía, ni anunciado, en el texto legal de
1970... Ahora, el Anteproyecto de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa
no hace sino acelerar e intentar
culminar (con aire ufano y talante chulesco, eso sí) esos procesos... En
definitiva, abandonar definitivamente cualquier resto del ideal emancipador que alentaba en el origen ilustrado de los sistemas
educativos nacionales, concentrando todo su esfuerzo en la tarea normalizadora que también estaba presente en ese arranque en
los albores del capitalismo. Ahora
directamente se trata de legitimar la
puesta del mayor número posible de personas a los pies de los mercados. Lo
hace, defiende y pregona alguien, Wert, que, curiosamente, se cría políticamente
a los mismos
pechos nutricios de los demócratacristianos
tardofranquistas que Villar Palasí... ¿Acaso por eso este proyecto, como la
vieja ley, sólo habla de alumnos y de hombres?... Un proceso y un anteproyecto
que parecen oler a rancio, buscar a Jacqu’s...
Y haberlo encontrado en José Ignacio Wert, ¿vuelve
el hombre?.
Nacho Fernández del Castro, 29 de Noviembre de 2012
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