Pensamiento del Día, 7-11-2012

«La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y las cotas de prosperidad de un país; su nivel educativo determina su capacidad de competir con éxito en la arena internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el nivel de los ciudadanos en el ámbito educativo supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por conseguir ventajas competitivas en el mercado global.»

 (Primer párrafo del Anteproyecto de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE, 2012, conocida como Ley Wert por ser su impulsor, como Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio WERT ORTEGA, Madrid, 18 de febrero de 1950.) 

Evidentemente la historia de los cambios legislativos a los largo de esto que llaman democracia (y no lo es, o lo es de una forma tan artera y ritual que apenas se nota) ha sido bastante lamentable... El proceso de burocratización docente fue asfixiando y demonizando cualquier aliento de verdadera innovación educativa en favor de procesos de formación favorecedores de una masiva protocolarización de las actividades de enseñanza-aprendizaje...  La pérdida de los ideales ilustrados que contemplaban la escuela como un cauce de emancipación personal y colectiva, en favor de la configuración de una agencia expendedora de títulos mínimos para el sometimiento individual a un mercado laboral precario, ha sido constante ante una cierta indiferencia ciudadanía... La gestión política de la escuela ha venido a apostar, en fin, por la vertiente normalizadora del impulso ilustrado, al servicio de los “intereses del mercado laboral”, en detrimento de la emancipadora... Y en esa apuesta se inscribe el vaivén de la envenenada sopa de letras que, desde el tardofranquismo, cuando José Luis Villar Palasí auspiciara la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa (4 de Agosto de 1970), se ha convertido la legislación educativa, con cinco Leyes Orgánicas estatales y el anteproyecto de la sexta ante nuestras fruncidas narices (LODE, LOGSE, LOPEG, LOCE, LOE y LOMCE), a las que se suman multitud de Órdenes y Decretos, e innumerables disposiciones autonómicas de distinto rango.                        

En efecto, el proceso que lleva de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación (1985)  de José María Maravall a la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (1990) de Javier Solana Madariaga, de ésta a la Ley Orgánica de Participación, Evaluación  y Gobierno de los Centros Docentes (1995) de Gustavo Suárez Pertierra, de ésta a la  Ley Orgánica de Calidad de la Educación (2002) de Pilar del Castillo, y de ésta a la todavía en vigor Ley Orgánica  de Educación (2006), cuya torpe tramitación costara el puesto a la ministra María Jesús San Segundo, no hace sino profundizar el deterioro del funcionamiento de una escuela publica administrativamente derivada, como ya viera Pierre Bordieu (“La mano derecha y la mano izquierda del Estado”, Entrevista realizada por R. P. Droit y T. Ferenczi para Le Monde, 14-1-1992, y recogida en Contrafuegos. Reflexiones para servir a la resistencia contra la invasión neoliberal, 1999), hacia al rincón de los contenedores sociales, cada día más dolorosamente alejados incluso de cualquier posible función de reciclaje humano...

En cualquier caso, en este día de lucha, es necesario señalar que el anteproyecto de la LOMCE, desde luego, tiene toda la intención de dar un salto cualitativo que, con ufana desfachatez, borre definitivamente cualquier horizonte de igualdad de oportunidades (es decir, rompa, en la práctica, cualquier atisbo de un mínimo sistema nacional de educación pública), situando a la mayoría de la población, sin el capital económico y cultural suficientes para acceder a una “alta cualificación”, a los pies de los caballos del mercado, para que éste forme, contrate, despida o traslade a las personas a su antojo (o, si se quiere, según sus necesidades subjetivas). Porque, lo que necesita ese mercado global es, en último extremo, una gran masa de gente con baja cualificación y alta sumisión (“una mínima comprensión lectora y las cuatro reglas” de las que hablaba el ministro) para facilitar su continuo reciclaje y movilidad laboral en un mercado precario... La “alta cualificación” quedará, así, para quienes vayan a controlar este proceso y puedan pagárselo.

Ni el mismísimo Joaquín Ruiz-Giménez se merecía un discípulo, amamantado políticamente en su Izquierda Democrática, como el ministro Wert... ¡Mucho menos la ciudadanía española!.

Nacho Fernández del Castro, 7 de Noviembrebre de 2012